La lucha de Intel contra una multa antimonopolio de 1.200 millones de dólares (1.060 millones de euros) de la Unión Europea (UE) recibió un impulso el jueves cuando un asesor de un tribunal superior en Europa señaló errores en el análisis económico de los reguladores de la UE.
La disputa comenzó en 2009 cuando la Comisión Europea penalizó a Intel por intentar obstaculizar a un competidor, Advanced Micro Devices, otorgando reembolsos a Dell, Hewlett-Packard, NEC y Lenovo por favorecer los chips de Intel. La decisión de Intel es una de una serie de crecientes acciones antimonopolio en Europa dirigidas a empresas de tecnología.
Los reguladores suelen cuestionar los reembolsos de las empresas líderes debido a su potencial para restringir la competencia. Sin embargo, las empresas han argumentado que las autoridades deberían demostrar cómo estos descuentos son anticompetitivos antes de imponer sanciones. En 2022, un tribunal subordinado anuló la multa, lo que llevó al comisario de competencia de la UE a solicitar una revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo.
La abogada general del TJUE, Laila Medina dijo en un comunicado que el tribunal desestime el recurso de apelación. Medina citó problemas con la prueba de «competidor tan eficiente» de la comisión, diseñada para determinar si los precios de una empresa eran deslealmente competitivos en comparación con rivales con costos similares.
Añadió que “…en primer lugar, el Tribunal General no tuvo debidamente en cuenta el margen de discrecionalidad de la Comisión en cuestiones económicas complejas. En segundo lugar, no tuvo en cuenta el reconocimiento implícito del período de referencia por parte de Intel durante el procedimiento administrativo. En tercer lugar, vulneró el derecho de defensa de la Comisión. En cuarto lugar, el Tribunal General incurrió en error en relación con la conclusión adecuada que debe extraerse respecto de todo el período de la práctica en cuestión”.
El fallo de Intel se produce tras una serie de esfuerzos destinados a garantizar una competencia leal en la UE. Google, propiedad de Alphabet, dijo esta semana, por ejemplo, que modificar sus resultados de búsqueda en línea para resaltar mejor los sitios web de comparación. El cambio es parte de sus esfuerzos por cumplir con las nuevas regulaciones tecnológicas de la UE en virtud de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que entrará en vigor en marzo.
Según la DMA, la empresa debe clasificar los servicios y productos de la competencia en pie de igualdad con los suyos en los resultados de búsqueda.
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