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ChatGPT fue la gran estrella de finales de 2022 y de buena parte de 2023. El acierto de OpenAI al crear un chatbot de estas características hizo que, aún sin ser algo innovador en lo referido a su tecnología subyacente, sí que lo fuera como servicio, al trasladar las capacidades de su modelo GPT a una experiencia conversacional propia de un chatbot. La respuesta por parte de otras tecnológicas, como Google y Microsoft entre otras, no se hizo esperar, y poco tiempo después empezamos a ver llegar servicios similares.
Su lanzamiento, por lo tanto, fue un gran éxito, pero el problema es que ChatGPT no estaba listo para afrontar las regulaciones legales de todos los mercados a los que llegó. Así, a finales de marzo el servicio experimentó lo que parecía ser una caída, algo que no resulta inusual en un servicio online, pero la situación tomó otro tinte muy distinto cuando se supo, por la propia OpenAI, que en realidad había sido un apagado intencional tras detectar un problema de privacidad en el servicio.
Como consecuencia de aquel problema, y en estricta aplicación de la GDPR europea, Italia procedió a bloquear el acceso a ChatGPT en todo el país, al tiempo que otros estados del espacio común europeo también iniciaron sus propias investigaciones al respecto. Finalmente, tras llevar a cabo algunas modificaciones, Italia volvió a permitir el acceso a ChatGPT, pero aquello no supuso una victoria definitiva para OpenAI, pues el GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personali), el regulador italiano, afirmó que su investigación seguía abierta.
Aunque han pasado bastantes meses desde entonces y, en consecuencia, podía dar la sensación de que el asunto había caído en el olvido, hoy mismo hemos podido comprobar que no ha sido así, y es que el GPDP ha notificado a OpenAI que ChatGPT «vulnera la legislación en materia de protección de datos personales«, tal y como podemos leer en el comunicado oficial emitido por el regulador italiano, que vuelve a poner el servicio contra las cuerdas.
En esta ocasión, eso sí, ha decidido conceder un plazo de 30 días a OpenAI para que haya llegar sus posibles alegaciones a los problemas detectados que, eso sí, no se han hecho públicos (pero sí que han sido reportados a la compañía). Además, también hace mención específica de la participación en el proceso del grupo especial de trabajo creado por la EDPB (European Data Protection Board) en abril del año pasado para abordar específicamente la presencia de ChatGPT en el espacio común europeo. Es decir, que en este caso las consideraciones del regulador italiano pueden trascender al resto de la Unión Europea con mayor rapidez de lo que ocurrió el año pasado.
Recordemos que la respuesta de OpenAI el pasado mes de marzo fue de cooperación plena, algo que fue reconocido por el regulador italiano y que, sin duda, influyó en la «rápida» restauración del acceso a ChatGPT en Italia. Así, cabe esperar que en esta ocasión la tecnológica se muestre igualmente colaboradora, aunque también parece probable que los problemas identificados en esta investigación sean de mayor calado y que, por lo tanto, impliquen cambios más profundos. Así, ahora la gran duda es si OpenAI dedicará estos 30 días a preparar sus alegaciones, a dar respuesta a los problemas planteados por el GDPD o si, más probablemente, estarán haciendo un poco de ambas cosas.
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