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Los tokens no fungibles y el derecho de autodeterminación

Los tokens no fungibles y el derecho de autodeterminación



Parece que todo el mundo, desde gigantes empresariales como Visa y Anheuser-Busch hasta la socialité Paris Hilton y las leyendas de la NBA Michael Jordan y Kevin Durant, ha reconocido la creciente importancia de los tokens no fungibles (NFT) para la economía del siglo XXI.

Artistas, atletas y músicos de renombre mundial han aprovechado la moda, dando legitimidad a este nuevo uso de la tecnología que permite la propiedad de una amplia gama de activos digitales. Pero la verdadera prueba de esta innovación no será cómo ayuda a los ricos a perpetuar sus posiciones de poder, sino cómo los NFT pueden promover los derechos humanos y otros bienes públicos.

El derecho a la autodeterminación

Empecemos por el derecho humano internacional más incomprendido: el derecho de autodeterminación. Fue el principio subyacente a los Catorce Puntos del Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, al final de la Primera Guerra Mundial, que figura en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y se incorpora a la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Y aunque la autodeterminación otorga a todos los «pueblos» el derecho a «determinar libremente su condición política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural», su ejercicio se reservó a los movimientos de liberación nacional para convertirse en Estados plenamente independientes tras largas batallas de descolonización. Nadie más tenía que solicitarlo. Pero ahora, con los tokems no fungibles, el derecho de autodeterminación puede ejercerse más plenamente, fuera del contexto de la condición de Estado.

Los derechos de voto, incluido el acceso al proceso electoral y la confianza en él, podrían facilitarse con tokens no fungibles, haciéndolos más accesibles y fortaleciendo el proceso democrático. No es descabellado imaginar un mundo político en el que los derechos civiles sean sustituidos por derechos de membresía integrados en contratos inteligentes. Un titular de NFT podría votar propuestas en la gran comunidad de otros titulares de NFT, y ver cómo los cambios se promulgan en tiempo real a través de contratos inteligentes. La votación en la blockchain podría resolver una letanía de problemas actuales del mundo real, sobre todo el fraude o el acceso a los colegios electorales.

NFT para los gobiernos

Hay innumerables formas en las que los NFT pueden facilitar la consecución de agendas económicas, políticas y sociales. En un sistema de este tipo, los Estados ya no serían el único árbitro de las disputas, el árbitro de los derechos de propiedad o el ejecutor de los contratos. Los contratos inteligentes en la cadena de bloques pueden hacer todo eso. Podríamos desarrollar un nuevo sistema en el que los individuos o los grupos políticos (cuya membresía está representada por NFTs) voten los mecanismos para distribuir los bienes y servicios de manera más efectiva en lugar de que lo hagan las asediadas, ineficientes o tradicionales burocracias. Adiós a la política de siempre.

Al fin y al cabo, no todos tenemos que votar al unísono si estamos registrados como demócratas, republicanos o independientes. Podemos apoyar el derecho a las armas, pero también estar abiertos a la elección en lo que respecta al aborto y las vacunas. Un individuo podría mostrar fácilmente su apoyo a una variedad de causas simplemente teniendo el control de cualquier NFT subyacente que coincida con la pertenencia al grupo. Con este cambio, podemos tener muchas más formas de definir el «yo» fuera de nuestra nación o incluso de la política de identidad tradicional. Podemos optar por formar parte de otras comunidades en lugar de atenernos a la jurisdicción y las predilecciones de nuestros grupos culturales, económicos, religiosos, sociales o políticos preasignados.

Así, la autodeterminación no tiene por qué girar en torno a la condición de Estado. Esto es todo un avance cuando se reflexiona sobre la letanía de proyectos secesionistas fallidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las provincias renegadas intentaron seguir ejerciendo el derecho de autodeterminación. Las desastrosas guerras civiles que asistieron a la disolución de la antigua República Socialista Soviética de Yugoslavia (años 90), Katanga (1962) y Biafra (1967) son ejemplos de ello.

En este último ejemplo, los dirigentes de Biafra querían que ese territorio fuera un país propio, separado de Nigeria. Gran parte de África se había descolonizado recientemente, por lo que más movimientos secesionistas se consideraban una amenaza para la estabilidad política del continente. Sólo un puñado de estados africanos reconoció la independencia de Biafra, un movimiento que estaba condenado al fracaso. Se calcula que entre medio millón y dos millones de personas murieron de hambre en la guerra civil durante ese malogrado ejercicio de autodeterminación: Nunca la lucha por la defensa de los derechos humanos había salido tan mal.

Sin embargo, Biafra produjo su moneda. Pero el suministro de dinero es sólo un área de la responsabilidad del Estado como soberano. Los bienes públicos que un Estado debe suministrar también pueden incluir la salud pública, la seguridad ciudadana, los servicios públicos, un medio ambiente limpio, agua potable e incluso alimentos básicos.

Dado que la locura de los tulipanes no da señales de disminuir, busquemos la manera de aprovechar esta moda para desarrollar mejor los mecanismos por los que nos gobernamos y distribuimos los bienes públicos. Michael Jordan, Tom Brady, Paris Hilton y las empresas multinacionales ya tienen suficiente poder y fama.

Este artículo ha sido redactado por James Cooper y Peter Grazul.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados aquí pertenecen únicamente al autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

James Cooper es profesor de Derecho en la California Western School of Law de San Diego. Ha asesorado a gobiernos de Asia, América Latina y América del Norte durante más de dos décadas y media sobre la reforma legal y las tecnologías disruptivas.

Peter Grazul se ha graduado recientemente en la California Western School of Law y ha aprobado el examen de febrero de 2021 del Colegio de Abogados del Estado de California.

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