- El último borrador de la Convención de las Naciones Unidas contra el Cibercrimen se enfrenta a una votación clave
- Estados Unidos está dispuesto a apoyar el tratado.
- Los defensores de los derechos humanos dicen que la convención facilitará que los regímenes autoritarios amplíen la vigilancia.
Un nuevo borrador del Convención de la ONU contra el cibercrimen se enfrentará a una votación clave y, según se informa, la administración Biden apoyará el tratado, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos digitales y activistas de derechos humanos.
La convención es la primera pieza de legislación legalmente vinculante de la ONU en materia de ciberseguridad, y sus partidarios esperan utilizarla para establecer un marco global que los estados puedan utilizar para investigar y prevenir el cibercrimen.
Sin embargo, Cisco no sólo piensa el tratado se queda corto de proteger suficientemente los derechos humanos básicos, pero algunos activistas han dicho que esta convención en realidad facilitará que los regímenes autoritarios abusen de su poder y amplíen la actuación policial y la vigilancia.
Amplia deliberación
Los funcionarios estadounidenses confirmaron que se habían realizado consultas con estados aliados y revisaron cientos de presentaciones escritas de organizaciones no gubernamentales y, en última instancia, «decidieron permanecer con el consenso».
Un factor que contribuyó al apoyo de Estados Unidos fue la necesidad de influir en enmiendas y actualizaciones posteriores del tratado, lo que sería más fácil con el apoyo desde las primeras etapas.
Un grupo de senadores demócratas escribió recientemente que el tratado podría “legitimar los esfuerzos de los países autoritarios” para censurar y vigilar a los usuarios de Internet y a los activistas políticos.
«Si bien los esfuerzos del poder ejecutivo para orientar este tratado en una dirección menos dañina son encomiables, se debe hacer más para evitar que la convención se utilice para justificar tales acciones», dijeron los senadores en una carta conjunta dirigida al Secretario de Estado, el Fiscal Generales y otros.
Una de las principales preocupaciones de los grupos de derechos digitales es que el tratado no se centra en los delitos cometidos contra sistemas informáticos, como ransomware. En cambio, la legislación se centra en los sistemas de comunicación digitales y podría utilizarse como una extensión de los poderes de vigilancia policial en lugar de proteger a los usuarios de Internet y a las empresas del ciberdelito.
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